La palabra “radical” proviene del latín tardío radicalis, derivado a su vez de radix o radicis, que significa “raíz”. Originalmente, el término se refería a las raíces de las plantas y, por extensión, a todo aquello que pertenece a la base, a lo esencial.
¿Acaso no somos raíz los sectores populares de este país? ¿No somos quienes posibilitamos que crezca la vida?
Previo a las elecciones presidenciales de 2026, Colombia vive un escenario que se perfila como decisivo para el rumbo político y social del país. El debate público gira alrededor de la continuidad de avances en materia de derechos y bienestar social, pero también frente al posible fortalecimiento de discursos conservadores y antiderechos que distintos sectores consideran un retroceso histórico.
Y es justamente en este momento donde aparece la búsqueda de una cierta “radicalidad” en las formas de asumir la política: la necesidad de abandonar las tibiezas, de tomar posición frente a la historia. De un lado, quienes parecieran entender la guerra como negocio; del otro, quienes no queremos ser partícipes de ese juego y, por el contrario, buscamos construir otras formas posibles de vivir, ojalá algún día con mayores garantías de derechos para quienes construimos las ciudades y sostenemos, con nuestro trabajo, el campo.
Nos han llamado “radicales” cuando no hemos permitido ninguna violencia contra los cuerpos y las experiencias vitales de las mujeres, las niñeces y las juventudes. Nos han llamado “demasiado radicales” cuando nos imponen proyectos de intervención urbanística en nuestros territorios sin consultar a la gente, sin ofrecer garantías, y decidimos oponernos a esas formas de despojo. Nos han llamado “radicales” cuando denunciamos las injusticias y exigimos garantías para que los niños y niñas puedan permanecer en la escuela en condiciones dignas.
Nos han llamado “radicales” cuando decidimos apostar la vida por organizarnos, por rescatar lo colectivo, por dimensionar lo popular como esperanza en medio del auge de las apuestas individualistas de la vida.
Algunos sectores han nombrado la “ternura radical” como una apuesta política. Y sí: es profundamente radical que, en medio del afán productivo del capitalismo, existan personas capaces de apostar éticamente por cuidar al otro, por sostener la vida, por defenderla incluso en tiempos donde pareciera que todo empuja hacia lo contrario.
Desde esa mirada, y desde ese lugar desde donde observamos la coyuntura, leemos que la contienda electoral empieza a consolidarse alrededor de tres visiones de Gobierno representadas por Paloma Valencia, de Colombia Más Grande; Abelardo de la Espriella, por Defensores de la Patria; e Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Sus propuestas reflejan perspectivas profundamente distintas frente a temas centrales como la educación, la seguridad, la paz y el modelo de desarrollo del país.
Desde la Fundación para el Estado de Derecho se han realizado ejercicios comparativos sobre los programas de Gobierno y las posturas de los candidatos frente a distintos temas de interés nacional. Retomando parte de esos planteamientos, así como el ejercicio publicado por el diario El País sobre las propuestas de los aspirantes a las elecciones presidenciales de Colombia de 2026, con esta información, se revisa algunas iniciativas relacionadas con un asunto de fondo: cómo, desde el escenario gubernamental, que claramente no es el único espacio desde el cual los sectores populares y la sociedad colombiana pueden impulsar transformaciones, se disputan proyectos de país y apuestas alrededor del cuidado de la vida.
En ese sentido, revisar las propuestas implica preguntarse cuáles de ellas fortalecen garantías colectivas y cuáles profundizan modelos centrados en la seguridad, el mercado o la explotación de los territorios.
En materia educativa, por ejemplo, las diferencias aparecen desde la forma misma de entender el papel del Estado y el sentido de la formación de la juventud. Paloma Valencia propone una visión estrechamente ligada al acceso al empleo y a la articulación entre educación y sector empresarial. Su denominada Ruta 3E, “Estudiar, Emplearse o Emprender”, incluye bonos educativos, cupos en colegios concesionados y formación masiva en inteligencia artificial y habilidades digitales. La apuesta se centra en fortalecer capacidades técnicas y facilitar la inserción laboral juvenil, incorporando además subsidios para empresas que contraten jóvenes y reformas al ICETEX atadas a la empleabilidad.
Abelardo de la Espriella, aunque comparte el énfasis tecnológico, plantea una propuesta todavía más enfocada en la formación rápida y funcional para sectores estratégicos del mercado. La creación de una Universidad Virtual en Casa, sumada a programas cortos en inteligencia artificial, robótica y computación cuántica, muestra una perspectiva donde la educación aparece principalmente ligada a la productividad, la digitalización y la competitividad.
En contraste, Iván Cepeda sitúa la educación como derecho fundamental y como herramienta de transformación social. Su propuesta defiende la educación pública, gratuita y de calidad, especialmente para sectores rurales históricamente excluidos. Mientras Valencia y De la Espriella enfatizan la conexión entre educación y mercado laboral, Cepeda insiste en fortalecer la universidad pública como espacio de pensamiento crítico, soberanía del conocimiento y construcción democrática. Allí aparece una diferencia de fondo: si la educación debe responder prioritariamente a las demandas económicas o si debe concebirse también como garantía colectiva y escenario de construcción política y cultural.
Las tensiones entre los proyectos políticos también se hacen visibles en sus perspectivas sobre paz, justicia y seguridad. Iván Cepeda plantea una visión que ubica a las víctimas en el centro de la acción estatal, articulando verdad, memoria, reparación integral y garantías de no repetición. Su propuesta se conecta con procesos de memoria histórica y con el reconocimiento de violencias ejercidas contra sectores políticos, campesinos, indígenas y sociales. La paz, en este caso, no se limita a la desmovilización armada, sino que aparece ligada a la justicia social y a transformaciones estructurales.
En oposición, Abelardo de la Espriella plantea una política centrada en la recuperación del control territorial y el fortalecimiento de la seguridad. Su propuesta busca desmontar la política de “paz total” del Gobierno Petro y prioriza el endurecimiento institucional frente al crimen mediante bloques de búsqueda, fiscales especializados y mayores garantías jurídicas para la fuerza pública.
Las diferencias también atraviesan la discusión ambiental y energética, uno de los debates más importantes para el futuro del país. Paloma Valencia defiende la explotación de combustibles fósiles, incluyendo petróleo, gas, carbón y fracking, mientras plantea simultáneamente el impulso de energías alternativas como la solar, eólica o nuclear. Su propuesta busca combinar expansión extractiva con modernización energética, bajo una lógica donde los proyectos minero-energéticos pueden convivir con mecanismos de regulación ambiental y participación comunitaria.
Abelardo de la Espriella, por su parte, profundiza una defensa explícita de la soberanía energética basada en hidrocarburos. Propone nuevos contratos petroleros, apertura al fracking y reactivación de la exploración y producción energética, situando estas medidas por encima de la transición verde. También incorpora propuestas de bienestar animal y control de la sobrepoblación de perros y gatos callejeros.
En esa área, Iván Cepeda tiene una propuesta que ubica la biodiversidad, la naturaleza y los territorios como bienes comunes y no simplemente como recursos explotables. Allí aparecen conceptos como justicia ambiental, defensa de los derechos de los animales y respaldo a comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que resisten proyectos minero-energéticos. La discusión, entonces, no es únicamente técnica o económica, sino profundamente política: qué se entiende por desarrollo, quiénes deciden sobre el territorio y cuáles vidas se priorizan.
Las propuestas reflejan, en últimas, no solo diferencias programáticas, sino maneras distintas de comprender el país y de asumir, o no, una apuesta “radical” por la defensa de la vida digna de los colombianos y colombianas.
Volver a la raíz es también una invitación a comprender las problemáticas estructurales que históricamente hemos vivido y a preguntarnos cómo seguimos organizándonos, informándonos y acompañándonos para construir las transformaciones que deseamos.
¿Cómo soñamos este país? ¿Cómo queremos vivir? ¿En cuál de estos planes de gobierno encontramos pistas del tamaño de nuestras apuestas colectivas?
Y ojo: que el paso por las urnas no sea nuestra única acción política. Después del voto también queda la veeduría, la organización, la movilización y la exigencia constante de recordar que es el pueblo quien manda a sus dirigentes, y no al revés.
